El 1 de noviembre, justo al cumplirse un año del incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, el gobierno de Sonora anunció la publicación de una reforma a la Constitución del estado que hace dos cosas de fondo: reconoce la protección civil como un derecho humano y saca la gestión de riesgos del aparato del Ejecutivo para entregarla a un organismo constitucional autónomo. La reforma ya fue aprobada por el Congreso local y, según el propio gobierno y la prensa estatal, fue publicada en el Boletín Oficial ese mismo día.
¿Por qué importa fuera de Sonora? Porque es la primera respuesta institucional de gran calado a una tragedia que dejó más de una veintena de personas muertas y que exhibió, otra vez, lo frágil que es la inspección de comercios en muchas ciudades del país. Y porque el modelo, para bien o para mal, puede ser copiado por otros congresos.
Qué aprobó exactamente el Congreso de Sonora
Con la información pública disponible hasta ahora, la reforma tiene tres piezas. La primera es el reconocimiento de la protección civil como derecho humano dentro de la Constitución local. La segunda es la creación del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con autonomía para diseñar políticas de prevención, acompañado de un consejo ciudadano y un consejo técnico asesor integrado por especialistas. La tercera es el método para nombrar a su titular: convocatoria abierta, evaluación por un comité técnico y ratificación por dos terceras partes del Congreso.
El dictamen se votó en el pleno a principios de octubre. Las notas de esos días mencionan un plazo de 120 días para que el Legislativo dictamine las leyes secundarias, y el gobernador Alfonso Durazo adelantó que el Ejecutivo trabajará con organizaciones civiles en una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Hasta este lunes no encontramos el texto publicado con la numeración de los artículos reformados ni sus transitorios completos, así que conviene leer lo que sigue como análisis del diseño anunciado, no del articulado fino.
El contexto legal: de una oficina del gobierno a un órgano autónomo
Hasta hoy, la protección civil en México se ha organizado como una función administrativa. A nivel federal, la Ley General de Protección Civil reparte tareas entre la Federación, los estados y los municipios; en Sonora, la ley estatal de la materia deja la coordinación en una unidad dependiente del Ejecutivo y a los ayuntamientos buena parte de la inspección de comercios. Es decir, quien autoriza, inspecciona y sanciona suele ser el mismo gobierno que también tiene interés en que la economía local no se detenga.
Elevar la materia a derecho humano tiene consecuencias jurídicas reales. Al estar en la Constitución local, se activan las obligaciones del artículo 1o. de la Constitución federal: todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, y deben prevenir sus violaciones. En la práctica, eso abre la puerta a que una persona reclame por amparo o por vía de responsabilidad patrimonial cuando la autoridad omite inspeccionar, tolera irregularidades evidentes o no tiene planes de emergencia.
No es una idea aislada. Varios estados han usado su Constitución para ampliar derechos sociales en los últimos meses, como explicamos en el caso de Sinaloa y el derecho a una vivienda adecuada. La diferencia aquí es que Sonora no solo enuncia un derecho: le asigna un órgano con autonomía para garantizarlo.
Lo que puede funcionar y lo que preocupa
Desde la práctica, la autonomía tiene una ventaja clara: un inspector que no depende del alcalde ni del gobernador tiene menos incentivos para hacerse de la vista gorda. Si el instituto cuenta con presupuesto propio y personal técnico de carrera, puede pasar de un modelo reactivo, que llega cuando ya hubo humo, a uno preventivo, que es justo lo que el discurso oficial promete.
Pero hay una crítica seria que no conviene minimizar. Ricardo Ballesteros, abogado de familias de víctimas de Waldo’s, advirtió que trasladar la responsabilidad a un órgano con consejo ciudadano podría complicar las demandas contra el Estado. Su pregunta es directa: si la falla ocurre, ¿a quién se demanda? La preocupación tiene base. Un organismo autónomo tiene personalidad jurídica propia, y en materia de responsabilidad patrimonial eso puede convertirse en un pleito previo sobre quién debe pagar, mientras las víctimas esperan.
Mi lectura es que el riesgo depende casi por completo de la ley secundaria. Si esa ley establece que el estado responde de forma solidaria por las omisiones del instituto y fija con claridad qué facultades conservan los municipios, la autonomía suma. Si deja huecos, el resultado puede ser un organismo más con nombre largo y poca rendición de cuentas. También habrá que vigilar el presupuesto: México tiene experiencia reciente con órganos autónomos que nacen con grandes facultades y luego se quedan sin recursos.
Qué deben hacer comercios, ayuntamientos y víctimas
Si tienes un negocio en Sonora
Nada de lo que ya te exigían desaparece. Mientras no se expida la nueva ley, siguen vigentes el Programa Interno de Protección Civil, la unidad interna, las rutas de evacuación, la señalización, el equipo contra incendios y los simulacros. Lo prudente es revisar hoy que tu programa esté actualizado y que tu dictamen no esté vencido. Una tienda de conveniencia con transformadores o instalaciones eléctricas cercanas, por ejemplo, debería pedir a un tercero acreditado una revisión de su instalación antes de que llegue el nuevo esquema de inspección, que previsiblemente será más técnico y menos negociable.
Si trabajas en un ayuntamiento
Los municipios conservan, por mandato del artículo 115 de la Constitución federal, sus facultades sobre licencias y reglamentos. La ley secundaria tendrá que coordinar esas atribuciones con las del instituto. Conviene que las direcciones municipales de protección civil participen en la discusión del proyecto y documenten desde ya sus inspecciones: en un sistema donde la protección civil es derecho humano, la omisión documentada pesa más.
Si eres víctima o familiar
La reforma no es retroactiva en tu contra ni sustituye los procesos que ya están en curso. Las carpetas penales siguen en manos de la Fiscalía estatal y de la FGR, y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra autoridades se rigen por las reglas vigentes al momento de los hechos. Lo que sí puedes hacer es presentar observaciones durante la discusión de la ley secundaria, sobre todo para que quede expreso quién responde frente a las víctimas cuando el sistema falla. Revisa también los plazos de prescripción de tus acciones civiles y administrativas; un año es tiempo suficiente para que algunos empiecen a correr en contra.
Lo que sigue
El Congreso debe emitir la convocatoria para nombrar a la primera persona titular del instituto y dictaminar la ley secundaria. Ahí se sabrá si Sonora creó un verdadero contrapeso técnico o solo cambió el organigrama. Vale la pena seguirlo de cerca, porque otras entidades que también están reordenando sus instituciones, como hizo Querétaro con su Sistema Estatal de Cuidados, suelen mirar lo que funciona en los estados vecinos.
Fuentes
- Infobae: Sonora eleva la protección civil a rango constitucional un año después del incendio
- El Imparcial: Gobernador de Sonora anuncia reforma constitucional en protección civil
- Radio Sonora: Congreso aprueba reforma de protección civil y crea órgano autónomo
- Medios OBSON: abogado de víctimas cuestiona el organismo autónomo
- KJZZ: víctimas del incendio de Hermosillo
Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal.
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