Reforma a la Ley de Amparo: ¿Un golpe a los derechos o una herramienta de orden?
El Congreso de la Unión aprobó una controvertida reforma a la Ley de Amparo en 2024, una figura jurídica clave para la protección de los derechos humanos en México.
Jurify
En abril de 2024, el Congreso de la Unión aprobó una controvertida reforma a la Ley de Amparo, una figura jurídica clave para la protección de los derechos humanos en México. Con 258 votos a favor en la Cámara de Diputados y posteriormente avalada por el Senado, la reforma busca limitar la posibilidad de que los jueces otorguen suspensiones con efectos generales en juicios de amparo. Aunque sus impulsores afirman que se trata de una medida para evitar abusos y preservar el principio de legalidad, sus detractores la han calificado como un retroceso democrático.
¿Qué es el amparo y por qué es tan importante?
El juicio de amparo es un medio de control constitucional mediante el cual cualquier persona puede acudir ante un juez para proteger sus derechos frente a actos de autoridad que los vulneren. Una de las herramientas más poderosas del amparo es la suspensión, una medida cautelar que detiene los efectos de un acto reclamado mientras se resuelve el fondo del asunto.
Tradicionalmente, los jueces han podido conceder suspensiones con efectos individuales o generales. Por ejemplo, si se impugna una ley, una suspensión general puede frenar su aplicación a toda la población, no solo al quejoso.
¿Qué cambia con la reforma?
La reforma modifica el artículo 148 de la Ley de Amparo para establecer expresamente que no podrán concederse suspensiones con efectos generales, incluso cuando se impugne una norma que potencialmente viole derechos humanos. Es decir, los jueces no podrán suspender una ley de forma que beneficie a personas que no hayan promovido el juicio de amparo.
En palabras simples: el amparo será estrictamente individual. Cada persona deberá interponer su propio juicio para obtener protección judicial, incluso frente a leyes claramente inconstitucionales.
Argumentos a favor de la reforma
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Evitar la “parálisis institucional”: Según los legisladores que promovieron la reforma, las suspensiones generales han sido utilizadas para detener reformas legales de gran calado, como la reforma eléctrica o la Ley de la Industria Eléctrica. Esto, argumentan, genera incertidumbre y paraliza la implementación de políticas públicas.
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Preservar la separación de poderes: La reforma pretende reforzar que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede invalidar normas generales con efectos erga omnes (para todos). Permitir que un juez de distrito lo haga —aunque sea provisionalmente— se considera un exceso de atribuciones.
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Combatir el uso estratégico del amparo: Se ha señalado que grandes corporaciones y despachos utilizan el juicio de amparo como herramienta para obstaculizar leyes que afectan sus intereses económicos.
Argumentos en contra
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Riesgo para los derechos humanos: Organismos como la CNDH, así como diversos colectivos y académicos, han advertido que la reforma debilita la protección judicial efectiva. Si una ley claramente inconstitucional entra en vigor, solo quienes promuevan un amparo podrán evitar sus efectos, lo cual representa una carga procesal desproporcionada.
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Afectación al principio de igualdad: La medida puede generar desigualdad entre quienes tienen acceso a servicios legales y quienes no, ya que solo los primeros podrán protegerse mediante un amparo individual.
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Concentración del poder: Al limitar el poder de los jueces de distrito y tribunales colegiados para frenar leyes inconstitucionales, se reduce el sistema de pesos y contrapesos.
¿Qué dice la Suprema Corte?
La Suprema Corte ha sido cautelosa en sus declaraciones, pero algunos ministros han expresado preocupación por la reforma. En particular, señalan que podría limitar la eficacia del control constitucional y generar un exceso de litigiosidad, al obligar a cada ciudadano a interponer su propio amparo.
Implicaciones prácticas
Para abogados, defensores de derechos humanos y litigantes estratégicos, esta reforma representa un cambio radical. A partir de su entrada en vigor:
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Las estrategias de litigio colectivo deberán replantearse.
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Se incrementará el número de amparos individuales ante leyes controvertidas.
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Será fundamental documentar los efectos específicos para cada persona afectada.
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Las empresas ya no podrán beneficiarse indirectamente de suspensiones concedidas a otras partes.
Conclusión
La reforma a la Ley de Amparo de 2024 representa una redefinición del equilibrio entre autoridad legislativa, judicial y derechos individuales. Mientras algunos la ven como un avance hacia un sistema más ordenado y respetuoso de la división de poderes, otros temen que erosione una de las pocas herramientas efectivas con las que cuentan los ciudadanos frente al poder del Estado.
Lo cierto es que, en adelante, los litigios constitucionales en México serán más complejos, más costosos y requerirán estrategias más sofisticadas. Y eso, inevitablemente, impactará la forma en que se ejerce el derecho y se protege la legalidad en nuestro país.
